WASHINGTON, 11 de julio de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL) elogió hoy la decisión de la Corte Suprema para rechazar la mayoría de las porciones críticas de la controvertida ley de inmigración de Arizona, S.B. 1070.
Aunque los jueces rechazaron tres de las cuatro estipulaciones claves, la sección 2(B) de la ley fue autorizada para permanecer vigente mientras se define con más precisión en tribunales estatales. Dicha provisión requiere que la policía verifique el estatus de inmigración de cualquiera que detengan o arresten si tienen una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra en el país sin estatus legalizado. Pese a la sentencia, el NHCSL se mantiene optimista porque esta “no descarta otro derecho de prioridad e impugnación de la constitucionalidad de la ley” y porque la implementación de 2(B) aún está a la espera de acciones judiciales pendientes.
“Estoy contenta de que la sentencia reciente de la Corte Suprema reconozca que los estados no pueden interpretar a su antojo las leyes federales de inmigración. Esta sentencia envía un mensaje a Arizona, como también a Alabama, Georgia y otros estados similares, que han tratado injustamente hacer blanco, frustrar y discriminar negativamente a la comunidad latina bajo el amparo de la ley”, declaró la Representante Estatal Minnie González (CT), Presidenta del NHCSL. “Esta lucha está lejos de terminar. Es evidente que ninguno de estos temas quedará resuelto por completo hasta que no tengamos promulgada una reforma completa a la ley de inmigración”.
“Aunque estoy contenta por partes de la sentencia, creo que es deplorable que los jueces respaldaran una medida que legitima la discriminación racial”, comentó la Representante Estatal Catherine Miranda (AZ), Presidenta del Grupo de Trabajo del NHCSL sobre la Inmigración. “Pienso en los ciudadanos estadounidenses y residentes legales inocentes que corren peligro de ser detenidos por la policía a menos que en todo momento lleven consigo papeles de inmigración, licencias de conducir y pasaporte. Nuestro labor como líderes de nuestra comunidad es trabajar con jurisdicciones locales y organizaciones comunitarias para prevenir y catalogar los abusos y las violaciones a los derechos civiles que probablemente tendrán lugar si el estado promulga esa provisión”.
FUENTE The National Hispanic Caucus of State Legislators
