El análisis de Proposition 200 realizado por ThinkAZ ya se encuentra disponible...

El análisis de Proposition 200 realizado por ThinkAZ ya se encuentra disponible en la Web; ‘Proposition 200: A Closer Look’ examina el impacto legal, las posibles batallas en los tribunales y los pros y contras



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Phoenix, AZ–(HISPANIC PR WIRE – BUSINESS WIRE)–6 de octubre de 2004–Ya se encuentra disponible un análisis completo de Proposition 200, la iniciativa más criticada en relación a la votación de noviembre, en http://www.thinkaz.org, el sitio web de ThinkAZ, una organización imparcial dedicada a la investigación independiente de la política pública, con sede en Phoenix.

“Proposition 200: A Closer Look” fue redactado por los analistas políticos de ThinkAZ quienes también estuvieron a cargo de la investigación. El documento incluye un estudio del registro de votantes y las leyes de identificación de votos en los 50 estados y compara las reclamaciones efectuadas por las dos partes que intervinieron en el debate de Proposition 200.

El informe político de ThinkAZ también analiza las leyes vigentes en Arizona y a nivel federal que podrían tener un impacto en la implementación de Proposition 200 en caso de que la propuesta se convierta en ley.

Los defensores de Proposition 200 sostienen que terminará con el fraude vinculado a los votos emitidos por personas que no son ciudadanos estadounidenses y evitará que esos mismos residentes obtengan beneficios públicos estatales y locales en forma ilegal.

Por otro lado, sus oponentes afirman que es un intento innecesario de arreglar problemas que no existen y terminará causando inconvenientes a todos los habitantes de Arizona y discriminando a algunos. Además, sostienen que el costo para poner en vigencia la ley podría ser elevado.

El informe político de ThinkAZ no se propone resolver ese debate. Lo que hicieron los analistas de ThinkAZ fue concentrarse en los principales cambios legales que la medida propone:

— Registro de votantes

Proposition 200 exige que todos los que se registren para votar “prueben” ser ciudadanos estadounidenses ya sea por medio de su certificado de nacimiento, su libreta de conducir, su pasaporte o cualquier otro documento oficial.

La ley federal ya establece que los estados deben exigir a los solicitantes que marquen una casilla declarando su ciudadanía y firmen el registro declarando su veracidad bajo pena de perjurio. Prop. 200 convertiría a Arizona en el único estado del país que exigiría además una prueba de ciudadanía.

— Identificación de votantes en las elecciones

Si Prop. 200 es aprobada, Arizona se convertiría en el estado número 24 en exigir a sus votantes una prueba de identidad al momento de la votación, con una identificación que tenga una foto o la libreta de conducir, o dos formularios de identificación que muestren el nombre y la dirección del votante.

El sistema que se encuentra vigente actualmente en Arizona sólo exige que los votantes digan su nombre y firmen el libro que contiene la nómina de votantes.

— Aprobación previa del Departamento de Justicia

En la actualidad, Arizona es uno de los 16 estados que tiene prohibido efectuar cualquier “cambio en sus procedimientos electorales” sin la aprobación o autorización previa específica del Tribunal de Distrito de Washington D.C. o el Procurador General de Estados Unidos.

Los defensores sostienen que los cambios contenidos en la iniciativa no constituyen un cambio en los procedimientos electorales porque la ley ya exige que los votantes sean ciudadanos legales. Sus opositores afirman que la solicitud de una prueba de identificación al momento de la votación constituye un tipo de barricada artificial que la Ley de Derechos de los Votantes (Voting Rights Act) debe evitar.

— Beneficios públicos

Proposition 200 estipula que los empleados públicos estatales y locales deben verificar la identidad de cualquier persona que solicite beneficios públicos estatales y locales.

Proposition 200 no elimina los beneficios públicos obligatorios a nivel federal para los inmigrantes ilegales, como la atención sanitaria de emergencia, la vacunación y la educación pública desde el jardín de infantes hasta el fin de la escuela secundaria (K-12).

Prop. 200 no incluye una definición de “beneficios públicos”, lo que derivará en un debate sobre cuáles son los beneficios públicos que cubre la nueva ley.

A falta de una definición, la legislatura estatal podría promulgar una ley parlamentaria con la definición de “beneficios públicos” pero para ser aprobada, esta ley debería contar con una mayoría de tres cuartos en cada cámara.

O, en última instancia, los tribunales podrían definir el significado de “beneficios públicos”.

La falta de una definición específica de “beneficios públicos” requerirá la intervención de la legislatura estatal o los tribunales si es aprobada por los votantes de Arizona.

— Denuncia de inmigrantes ilegales

Proposition 200 exige a los empelados estatales y locales que denuncien ante las autoridades federales a cualquier inmigrante ilegal que busque obtener beneficios públicos estatales y locales. Si no lo hacen, estarán incurriendo en un delito de menor cuantía Clase 2 pasible de una multa de 750 dólares y hasta cuatro meses de prisión.

“Proposition 200: A Closer Look” concluye que de aprobarse Proposition 200 sin más clarificación por parte de la legislatura estatal o los tribunales, las entidades estatales y locales tendrán dificultades a la hora de aplicar la ley en forma uniforme. Los analistas de ThinkAZ también creen que probablemente se requiera la participación de la legislatura o los tribunales antes de que pueda implementarse la ley. Para ver el texto completo de “Proposition 200: A Closer Look” visite el sitio web http://www.thinkaz.org.

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CONTACTO:

ThinkAZ

Rita Pearson Maguire, 602-275-1110

http://www.thinkaz.org

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Jeff Eldot, APR, 602-697-9323

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