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La Oficina del Censo de los EE.UU. demandada por discriminación al momento de contratar, según Outten & Golden LLP y co-letrado patrocinante



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NUEVA YORK, 13 de abril /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La Oficina del Censo de los EE.UU. denegó un trabajo a miles de afroamericanos, latinos y estadounidenses nativos durante la campaña de contratación masiva del gobierno federal para el censo de este año, debido a una discriminación sistemática, según una demanda judicial colectiva presentada hoy ante la corte federal de Nueva York.

Outten & Golden LLP y una coalición de destacadas organizaciones de interés público presentaron la demanda en nombre de los demandantes Eugene Johnson, 48, de Nueva York, e Evelyn Houser, 68, de Filadelfia; lo que constituye la primera acción judicial de su tipo que se presenta contra una agencia federal.

El juicio alega que la Oficina del Censo descarta de manera ilegal a los candidatos que tienen antecedentes de detención, sin tener en cuenta si la detención terminó en una condena penal real… o si no terminó en nada. Los registros del gobierno muestran que más de 70 millones de personas en los EE.UU. han sido detenidas, pero más de 35 por ciento de todas las detenciones de todo el país nunca terminaron en enjuiciamientos o condenas.

La coalición que apoya activamente el juicio como co-letrado patrocinante está compuesta, entre otros, por el Center for Constitutional Rights; los Community Legal Services of Philadelphia; la Community Service Society, de Nueva York; el Indian Legal Resource Center, de Helena, Montana; LatinoJustice PRLDEF, de Nueva York; el Lawyers’ Committee for Civil Rights, de Washington, D.C.; y el Public Citizen Litigation Group, de Washington, D.C.

El juicio sostiene que los candidatos a un puesto en el Censo son descartados luego de que sus nombres son localizados en una base de datos del FBI, lo que indica una coincidencia con un antecedente de detención. En ese momento, el Censo pide a todos los candidatos que presenten, dentro de los 30 días, registros oficiales de cualquier caso penal que aparezca en sus registros. La Oficina del Censo no ofrece a los candidatos copia de sus registros en el FBI, por lo que no están seguros de estar respondiendo a los casos que el Censo localizó. Además, puede que la documentación oficial de la corte solicitada por la Oficina del Censo sea imposible de ubicar, porque los registros fueron sellados o eliminados — o simplemente se perdieron o destruyeron porque tienen más de diez años de antigüedad.

Los demandantes también afirman que la Oficina del Censo exige que todos los candidatos cumplan con estos procedimientos agotadores, sin distinguir, por ejemplo, entre candidatos con condenas recientes y severas, y que quizá no sean adecuados para trabajar en el Censo, y quienes tienen antecedentes de violaciones menores, a menudo no penales, como vagabundear o alterar el orden público.

Como señala el juicio, los afroamericanos, los latinos y los estadounidenses nativos tienen más probabilidades de tener antecedentes de detención y condenas que los blancos y, por lo tanto, las políticas de contratación de la Oficina del Censo discriminan a las personas de color, en violación al Título VII de la Ley de Derechos Civiles.

Eugene Johnson afirmó: “He vivido en la ciudad de Nueva York prácticamente toda mi vida y tengo 24 años de experiencia en hacer exactamente el tipo de trabajo de encuesta para el que la Oficina del Censo está contratando. Soy bueno con la gente y no soy una amenaza para nadie. Este trabajo marcaría una verdadera diferencia en mi vida”. Han pasado 15 años desde que el señor Johnson fue condenado por un delito menor por el cual no fue sentenciado a prisión.

Evelyn Houser declaró: “Trabajé para la Oficina del Censo en 1990 y he vivido en mi vecindario de Filadelfia durante décadas. La Oficina no debería haberme hecho pasar por este confuso proceso sobre antiguos antecedentes de detención, en primer lugar. Estoy jubilada, pero quiero seguir contribuyendo con mi comunidad”. Ya han pasado casi 30 años desde que Houser fue detenida y completó un programa de rehabilitación, sin haber recibido una condena formal por ningún delito.

Adam Klein, uno de los abogados de los demandantes, afirmó: “El quid de la cuestión es que la Oficina del Censo disuade y excluye a muchas personas que, con una justa revisión de sus antecedentes, fácilmente satisfarían los propios estándares de la Oficina por no tener antecedentes penales relevantes”.

Samuel Miller, otro de los abogados de los demandantes, declaró: “La Oficina del Censo expresa el deseo de llegar a comunidades en riesgo de no ser tenidas en cuenta — en particular, las personas de bajos ingresos de color y los inmigrantes — contratando dentro de esas comunidades; sin embargo, ha erigido un obstáculo innecesario y discriminatorio para alcanzar ese mismo objetivo”.

Los demandantes buscarán que el juicio sea certificado como una demanda judicial colectiva.

Para obtener más información acerca del juicio, ingrese en www.censusdiscriminationlawsuit.com.

El caso es “Eugene Johnson, et al., c/ Gary Locke, Secretario del Departamento de Comercio de los EE.UU.”, No. 10-cv-3105, en el Tribunal de distrito de los EE.UU., Distrito sur de Nueva York.

Contactos con la prensa: Erin Powers o Jane Mumey, Powers MediaWorks LLC, para Outten & Golden LLP, 281.703.6000 o 713.515.4450, info@powersmediaworks.com.

FUENTE Outten & Golden LLP

La Oficina del Censo de los EE.UU. demandada por discriminación al momento de contratar, según Outten & Golden LLP y co-letrado patrocinante