MIAMI, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Tras la publicación de archivos confidenciales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) donde aparece una lista de bancos que informaron sobre actividades sospechosas, la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA) fue enfática: la función de los bancos es ayudar a detectar actividades sospechosas y notificar a las autoridades correspondientes.
El 20 de septiembre de 2020, un informe de Buzzfeed News filtró archivos de la FinCEN sobre instituciones financieras que presentaron Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés). En respuesta, FIBA, cuyos miembros incluyen instituciones financieras de Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa, reunió un grupo de trabajo para analizar los informes y comunicar a la comunidad, y determinó que los bancos están cumpliendo de forma excepcional con los requisitos legales y la presentación de los SAR significa que cuando tienen alguna sospecha, lo reportan.
Sin embargo, por ley, estos reportes son extremadamente confidenciales. Los SAR son documentos que deben protegerse ya que representan una amenaza para la seguridad de las investigaciones legales, la seguridad del personal del banco y pueden causar daños graves a las personas nombradas en el SAR que no hayan participado en actividades ilegales.
«Ningún banco presentaría un SAR si supiera que se divulgará (al público). Bien puede ser tratado como una acusación. Y lo que es peor, si un criminal u organización delictiva obtiene el nombre del empleado del banco que presentó el SAR, él o ella podría estar en peligro», dijo David Schwartz, presidente y director ejecutivo de FIBA.
Los bancos, ya sean grandes, pequeños, comunitarios o sucursales locales de bancos internacionales, participan en asociación y colaboración integral, tanto con las agencias reguladoras como con las fuerzas del orden a través de lo que se conoce en Estado Unidos como la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés).
La BSA requiere que las instituciones financieras reporten y mantengan registros de las compras en efectivo de instrumentos negociables, presenten informes de transacciones en efectivo que excedan los $10,000 (monto total agregado diario) y denuncien actividades sospechosas que puedan significar el lavado de dinero, evasión de impuestos u otras actividades ilegales. BSA es un sistema desarrollado por las fuerzas del orden y los reguladores encargados de hacer cumplir la ley y solo requiere que los bancos informen actividades sospechosas a través de los SAR.
Las instituciones financieras deben presentar los SAR ante la FinCEN cuando detectan actividades sospechosas. Consisten en sospechas no probadas basadas en hechos recopilados por los investigadores de cumplimiento de BSA que trabajan para los bancos. Los SAR no son evidencia de un delito, pero están destinados a generar una investigación adicional por parte de las fuerzas del orden, si se justifica. Por ley, los bancos no están obligados a limitar o prevenir estas actividades, su función es ayudar a detectar y notificar a las autoridades correspondientes.
El éxito del sistema se basa en la confidencialidad de los informes. Asimismo, los bancos no tienen acceso a un registro completo de clientes, ni a los SAR presentados por otros bancos y, por lo tanto, solo conocen la actividad dentro de su propio sistema.
«Como entidades no gubernamentales, los bancos ayudan a detectar actividades sospechosas, pero no son agentes de la ley o funcionarios del gobierno para hacer cumplir leyes o investigar a estas personas», aclaró Daniel Gutiérrez, director de FIBA. «Cada banco establece sus factores de riesgo y muchos han implementado sistemas integrales para recopilar la mayor cantidad de información y monitorear las cuentas en busca de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Los bancos también tienen comités de cierre de cuentas y de actividades inusuales donde estos asuntos se discuten a niveles gerenciales», explicó.
Todas las grandes instituciones financieras están reguladas y deben seguir protocolos y regulaciones que incluyen acciones como el desarrollo de programas contra el lavado de dinero basado en riesgos, el establecimiento de sistemas efectivos de debida diligencia del cliente, presentación de informes de transacciones en efectivo que excedan los $ 10,000, contrastar datos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras listas gubernamentales, e invertir en la educación y capacitación del personal de cumplimiento en certificaciones específicas ALD.
Después de que se presenta un SAR, la institución financiera tiene poca o ninguna retroalimentación o información sobre las acciones que se tomaron. FinCEN, la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, tiene que investigar todos los informes presentados que reciben y, posteriormente, delegarlos a las autoridades policiales pertinentes como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o el departamento de policía local. Debido a la naturaleza secreta de estos informes, no hay reporte disponible sobre el resultado de las investigaciones iniciadas por un SAR emitido por un banco.
Lo mejor para todas las instituciones financieras es cooperar y no poner en peligro a sus organizaciones o ellas mismas, ya que existe una creciente aplicación de la responsabilidad personal. Alcides Ávila, socio fundador de ARHMF, abogado especializado en Servicios Corporativos y Financieros y miembro del grupo de trabajo de FIBA para analizar la filtración de archivos de FinCEN señaló: «esta violación no solo compromete la colaboración entre las fuerzas del orden y las instituciones financieras, es ilegal difundir esta información. Además, la lectura incorrecta de estos documentos técnicos podría llevar a difamar a personas u organizaciones inocentes que no hicieron nada malo».
La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida respalda a miles de profesionales del mundo con certificaciones que incluyen Asociado Certificado Antilavado de Dinero (AMLCA), Profesional Certificado en Antilavado de Dinero (CPAML), Responsabilidades AML para gerentes, CEOs y directores, Banca Corresponsal AML y Sanciones OFAC, entre otras.
Para ayudar a combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, muchos bancos han instituido políticas internas que limitan las interacciones con individuos o corporaciones que tienen más de un cierto número de SARs en sus registros. Sin embargo, es importante reconocer que el papel de las instituciones financieras es detectar e informar, al igual que el famoso «si ves algo, di algo» en la industria de viajes.
Cada año, las instituciones financieras y los reguladores presentan más de 2 millones de SAR ante la FinCEN, y las fuerzas del orden hacen su parte en la lucha para llevar ante la justicia a quienes se dedican a actividades ilícitas.
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FUENTE FIBA Bankers
