WASHINGTON, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — CONLAMIC, representada por William J. Sánchez, P.A., es una organización de más de 15,000 pastores, ministros, iglesias y sinagogas latinas que luchan por los marginados en los Estados Unidos de América. En 2010, CONLAMIC fue la primera organización en presentar una demanda en Arizona contra la ley de discriminación racial, SB 1070, firmada por la entonces gobernadora Janet Brewer. La ACLU eventualmente también presentó una demanda, al igual que el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal («MALDEF»), al igual que los Estados Unidos de América cuando intervino en el asunto y demandó directamente al Estado de Arizona. El caso finalmente se decidió a favor de los EE. UU. La demanda presentada por la Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos (CONLAMIC) se presentó como una demanda colectiva de «todas las personas que actualmente residen en Arizona y se ven afectadas negativamente por la ley inconstitucional propuesta». Los reclamos de inconstitucionalidad incluyen el debido proceso sustantivo bajo la Decimocuarta Enmienda, violaciones de la Cláusula de Supremacía; Primera Enmienda; y violaciones de la Cuarta Enmienda y el debido proceso procesal. Esa demanda fue litigada por el FONDO DE DEFENSA LEGAL CONLAMIC.
TANTO CONLAMIC COMO EL FONDO DE DEFENSA LEGAL ven paralelismos racistas y antiinmigrantes entre la reciente demanda presentada por los 16 estados y la ley de Arizona de 2010 que finalmente fue declarada inconstitucional en sus disposiciones más importantes por la Corte Suprema. El 25 de junio de 2012, el Tribunal anuló tres de las cuatro disposiciones de la SB 1070. La opinión mayoritaria fue escrita por el Juez Kennedy y se le unieron el Presidente del Tribunal Supremo Roberts, el Juez Ginsburg, el Juez Breyer y el Juez Sotomayor. Los jueces Scalia, Thomas y Alito coincidieron en parte y disintieron en parte en opiniones separadas a las que no se unió ningún otro juez
TANTO CONLAMIC como EL FONDO DE DEFENSA LEGAL aplauden y apoyan firmemente los esfuerzos de la administración Biden para abordar este importante problema de inmigración. La demanda de los 16 estados afirma que el programa PIP «otorgará la libertad condicional a cientos de miles de extranjeros ilegales». Esta afirmación es ABSOLUTAMENTE ERRÓNEA. El programa PIP revisará cada caso individualmente y no «en masa», como afirma la demanda.
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FUENTE William J. Sanchez, P.A.
