SAN FRANCISCO, 11 de marzo de 2015 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — A pesar de la gran presión de los lobistas a favor de las corporaciones farmacéuticas, la Junta de Supervisores de San Francisco votó hoy de manera unánime para responsabilizar financieramente a las empresas farmacéuticas por un plan para recoger y desechar de manera segura los medicamentos no consumidos en la ciudad. Alcohol Justice y la San Rafael Alcohol and Drug Coalition se sumaron hoy a otros grupos y personas para agradecer a la Junta de Supervisores de San Francisco por haber aprobado el programa Safe Drug Disposal Stewardship (Acompañamiento para desechar medicamentos de manera segura). El decreto pasa a segunda vuelta la próxima semana y después al Alcalde Ed Lee para lo que se considera su «probable firma», según los proponentes.

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«La Junta de Supervisores de San Francisco hizo hoy gala de una excelente política pública de salud frente al agresivo lobby de las grandes farmacéuticas o Big Pharma a partir de un programa modelo del Alameda County», dijo Bruce Lee Livingston, director ejecutivo / CEO de Alcohol Justice y miembro de la San Rafael Alcohol and Drug Coalition, entidades que apoyaron la aprobación del decreto. «Cada año hay toneladas de medicamentos que se venden con receta y no se consumen, representando una amenaza a la seguridad pública, el medio ambiente y en especial nuestros niños. Esta legislación protege a los niños y los adultos mayores de los medicamentos no consumidos, y disminuye los daños a la bahía y el océano».

El decreto es de la autoría de London Breed, presidente de la Junta de Supervisores, y está auspiciado conjuntamente por los supervisores Eric Mar, Norman Yee y Jane Kim. Siguieron el ejemplo de los funcionarios de salud pública del Alameda County que aprobaron un decreto similar el año pasado. Aquella medida propició una demanda por parte de los grupos principales de la llamada Big Pharma. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de los EE.UU. en San Francisco, respaldo la constitucionalidad de la ley y rechazó la demanda. Los demandantes siguen apelando a la Suprema Corte y han prometido presentar demandas en San Francisco.

«Por cada cien tabletas que podrían desecharse con este programa los costos serían de aproximadamente un centavo», dijo Hene Kelly, directora legislativa de la California Alliance for Retired Americans (CARA). «Nuestro medio ambiente, nuestros niños, nuestros ancianos, son tres cosas que proteger, y los protegeremos mediante este decreto».

«Todos los días hablamos con la gente; en San Francisco reconocen que estas sustancias farmacéuticas están llegando a la bahía y les preocupa cuando arrojan estos químicos al inodoro o a la basura, y están buscando soluciones rentables», dijo Andria Ventura, gerente del programa de tóxicos de Clean Water Action (CWA). «Sobre todo hemos escuchado que la industria necesita asumir su responsabilidad tanto por la elaboración física de estos programas como por sus aspectos financieros».

«Estamos agradecidos porque tanto Alameda como San Francisco han tomado el audaz paso de responsabilizar a la industria farmacéutica de desechar de forma segura las peligrosas sustancias que crean», agregó Livingston. «Ahora ansiamos ayudar al Marin County a hacer lo mismo en unos meses».

Si desea más información:   www.alcoholjustice.org

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