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Campaña publicitaria del AFF pone de relieve a la nueva Argentina: Puerto Rico

El gobernador territorial Padilla continúa su asalto contra la Constitución de Estados Unidos, los derechos de los inversores y los contribuyentes estadounidenses


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Campaña publicitaria del AFF pone de relieve a la nueva Argentina: Puerto Rico


El gobernador territorial Padilla continúa su asalto contra la Constitución de Estados Unidos, los derechos de los inversores y los contribuyentes estadounidenses


DES MOINES, Iowa, 29 de julio de 2014 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El American Future Fund (AFF), una organización 501(c)4 nacional, continúa su campaña publicitaria advirtiendo acerca de las acciones ilegales de Alejandro Padilla, el gobernador de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, que ponen en riesgo a la Constitución de Estados Unidos y acerca aún más al Estado Libre Asociado a otra nación delincuente del hemisferio, Argentina.

Nick Ryan, fundador del American Future Fund, dijo: “En momentos en que la presidenta argentina Cristina Kirchner se prepara para sumir a su país aún más en el abismo financiero, el gobernador Padilla considera que este es el modelo para Puerto Rico, lo cual dejará a los contribuyentes estadounidenses pagando las cuentas”.

Recientemente, el gobernador Padilla firmó una ley que eviscera los derechos de los inversores y viola la Constitución de Estados Unidos. Cuando debido a esto una agencia clasificatoria independiente otorgó bajas clasificaciones financieras al Estado Libre Asociado, la reacción de Padilla fue desplegar los instrumentos de su gobierno para investigarles. Para empeorar las cosas, esta nueva ley literalmente deja a oscuras la isla debido a las acciones de Padilla contra la compañía proveedora de electricidad local. Más aún, todo esto ocurre en momentos en que su gobierno ha hecho trizas un acuerdo legalmente vinculante con un banco local, firmado por su propia administración. Como el banco ha buscado compensación legal, la administración de Padilla ha orquestado una campaña de intimidación contra el banco y sus empleados.

“El gobernador Padilla continúa alegando que Puerto Rico es solvente desde el punto de vista financiero, que respeta los derechos de los acreedores, que es un lugar seguro para invertir y que es un magnífico Estado Libre Asociado. Nada podría estar más lejos de la verdad. La flagrante desconsideración de la ley por parte del gobernador amenaza con aislar a Puerto Rico de los mercados de bonos y con costar incluso más a los contribuyentes estadounidenses. Nancy Soderberg, una exfuncionaria de la administración Clinton, lo resumió muy bien: El gobernador Padilla debe ‘defender los derechos a la propiedad, la ley, los derechos contractuales y los derechos de los inversores y los acreedores'”, concluyó Ryan. 

Foto – http://photos.prnewswire.com/prnh/20140729/130799

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Antecedentes

En las últimas semanas, el gobernador Padilla y su gobierno han emprendido un ataque frontal contra la ley, la Constitución de Estados Unidos y los derechos de los inversores. El primer ejemplo, Doral Financial Corporation, un banco y prestamista hipotecario con sede en Estados Unidos, con el cual Puerto Rico firmó legalmente un acuerdo contractual en 2012 reconociendo la deuda de más de US$230 millones del Estado Libre Asociado con Doral. El acuerdo fue ratificado nuevamente por ambas partes en 2013. Pero el gobernador Padilla y su gobierno ahora se niegan a cumplir este contrato. Más aún, la entidad reguladora de Doral, la Oficina del Comisionado para las Instituciones Financieras e importantes líderes políticos, incluyendo el Departamento de Justicia, están amenazando al banco y a sus empleados. Estas acciones, emprendidas luego de la decisión de Doral de entablar demanda para hacer cumplir su acuerdo con el gobierno, son alarmantes y constituyen un abuso de poder por parte del gobernador Padilla y su gobierno. El segundo ejemplo involucra una nueva ley, la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación, la cual el gobernador Padilla impuso a la legislatura. Esta ley permitiría al gobierno de Puerto Rico negarse a reconocer las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Esto sería duro para los inversores, algunos de los cuales son pequeños inversores y jubilados dentro y fuera de la isla. Esta ley viola la Constitución de Estados Unidos, y ha hecho que las clasificaciones de los bonos de la isla hayan sido rebajadas a categoría de chatarra.


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