WASHINGTON, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó hoy argumentos orales en June Medical Services v. Russo, el primer caso de derechos de aborto considerado por la actual composición de la Corte Suprema. El caso cuestiona una ley de Luisiana que impondría el cierre de todas las clínicas que practican abortos en el estado, excepto una. La ley (Ley 620) prohíbe a los doctores brindar atención para el aborto a menos que tengan privilegios de admisión en un hospital dentro de las 30 millas.

En un caso de 2016 que también fue presentado y ganado por el Center (Whole Woman’s Health v. Hellerstedt), la Corte Suprema anuló una ley idéntica en Texas al encontrar que los requisitos de privilegios de admisión plantean una «imposición indebida» en el derecho al aborto y son médicamente innecesarios. En la sala de justicia, la directora senior de litigios del Center for Reproductive Rights, Julie Rikelman, sostuvo hoy ante los magistrados que la Ley 620 debe correr la misma suerte, pues nada cambió desde 2016 que justifique un resultado diferente. Rikelman afirmó también que la ley cerraría un porcentaje aún mayor de clínicas en Luisiana que en Texas, y que el consenso médico en contra de este tipo de leyes ha crecido desde 2016.

El CRR argumentó también en contra de la afirmación de Luisiana de que los proveedores y las clínicas que hacen abortos carecen de estatus jurídico para luchar por los derechos de sus pacientes en los tribunales. Rikelman sostuvo que el ataque del estado a la legitimación procesal contradice 40 años de precedentes y está destinado a proteger las restricciones inconstitucionales al aborto de su cuestionamiento en tribunales. Casi todos los casos de aborto actuales son presentados por médicos y clínicas. Si no tuvieran legitimación procesal de terceros, las pacientes tendrían que iniciar procesos judiciales personalmente y presentar sus casos mientras estuvieran embarazadas, al mismo tiempo que buscaran atención urgente para el aborto.

La Ley 620 y el cuestionamiento del estado a la legitimación procesal han sido denunciados por una coalición de voces líderes de la medicina, el derecho y las políticas públicas, que se sumaron a pacientes y defensores del aborto para presentar 27 amicus curiae a la Corte Suprema en apoyo al caso del CRR.

Mientras la Corte Suprema oía los argumentos, miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal para manifestarse contra una creciente oleada de ataques políticos a los derechos reproductivos de las mujeres. Más de 40 oradores se dirigieron a la multitud, entre ellos: las celebridades Elizabeth Banks y Busy Philipps; legisladores como el senador Charles Schumer (demócrata, Nueva York), Diana DeGette (demócrata, Colorado), Barbara Lee (demócrata, California), Ayanna Pressley (demócrata, Massachusetts) y Judy Chu (demócrata, California); proveedores de abortos; líderes religiosos; y mujeres que tuvieron abortos y experimentaron personalmente los obstáculos creados por las leyes contra el aborto.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights, declaró:

«No deberíamos tener que volver a emprender batallas legales que ya hemos ganado, pero estados como Luisiana desafían abiertamente la Constitución y las sentencias de la Corte Suprema. Es alarmante e inaceptable que, en 2020, algunos estados sigan empeñados en negar a las mujeres acceso a atención médica reproductiva. Una vez más, la Corte debe intervenir para impedir estas leyes de cierre de clínicas y asegurar que la promesa de Roe v. Wade se cumpla para todas las mujeres».

Kathaleen Pittman, administradora de clínica en el Hope Medical Group (demandante principal), comentó:

«Los legisladores de Luisiana han tratado por todos los medios de terminar con la atención del aborto en nuestro estado. Esta ley es uno de los muchos intentos de cerrarnos y evitar que nuestros pacientes accedan a servicios de aborto. Soy optimista y pienso que la Corte reconocerá la Ley 620 como lo que es: un intento de eliminar la atención del aborto. Esta ley sería devastadora para las mujeres de nuestro estado e, indudablemente, tendría repercusiones en toda la nación».

Julie Rikelman, directora senior de litigios estadounidenses del Center for Reproductive Rights, dijo:

«Estamos nuevamente hoy en la Corte Suprema luchando contra una ley idéntica a la que vencimos en 2016. Hoy señalamos ante los magistrados que nada cambió en los últimos cuatro años que justifique una sentencia diferente. De hecho, ha aumentado el consenso médico sobre la falta de necesidad de los privilegios de admisión y el daño real que provocaría a las mujeres al cerrarse clínicas y poner el aborto fuera de alcance. La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de Texas después de que cerrara aproximadamente la mitad de las clínicas de ese estado. En Luisiana, el impacto sería aún más grave, pues se cerrarían todas las clínicas, excepto una. Confiamos en que la Corte coincidirá en que una ley declarada inconstitucional hace cuatro años no puede ser constitucional hoy».

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Información sobre el caso

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Rubro del caso: June Medical Services L.L.C. et al. v. Stephen Russo, Interim Secretary, Louisiana Department of Health and Hospitals – U.S. Supreme Court Case No. 18-1323 / No. 18-1460. El CRR representa a tres demandantes: June Medical Services (nombre corporativo del Hope Medical Group, clínica de aborto independiente de Luisiana que es cliente del CRR desde hace mucho tiempo) y dos médicos que brindan atención para el aborto (identificados como «John Doe» para su protección).

El acusado es Stephen Russo, secretario interino de Departamento de Salud y Hospitales de Luisiana. La Dra. Rebekah Gee, exsecretaria del Departamento Estatal de Salud y Hospitales, fue incluida como la «respondent-cross-petitioner» hasta comienzos de febrero de 2020. Nos referimos a los acusados como «Luisiana».

Abogado principal de la demanda: Julie Rikelman y Travis J. Tu, del Center for Reproductive Rights, junto con O’Melveny & Myers LLP.

FUENTE Center for Reproductive Rights