OAKLAND, California, 10 de enero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California hoy anunció que la Oficina del Comisionado Laboral ha obtenido $1.7 millones en activos de los dueños de la cadena de restaurantes del Área de la Bahía Mango Garden para pagar a 56 trabajadores que fueron víctimas del robo de sueldo. La confiscación de los activos ocurrió después de que los dueños transfirieron fraudulentamente la propiedad del restaurante para evitar pagar a los trabajadores los salarios debidos.
Los dueños operaban la cadena de restaurantes malayo-chinos en Fremont, San José y San Mateo. A finales de 2015, la Oficina del Comisionado Laboral lanzó una investigación como parte de un esfuerzo conjunto de cumplimiento con la oficina del Fiscal del Condado de Alameda. Los investigadores encontraron que los empleados trabajaron 10 o más horas al día mientras que se les pagó menos del salario mínimo y no recibieron los periodos para comer y descansar requeridos, el pago de horas extras o las primas de turno dividido. Los empleadores pagaron a los trabajadores en efectivo y se quedaron con el 15 por ciento, diciéndoles a los trabajadores que la deducción fue para impuestos. La Oficina del Comisionado Laboral emitió sanciones salariales y civiles por más de $1.8 millones.
Antes de la investigación, los dueños se enteraron de que uno o más trabajadores planeaban presentar reclamos salariales. Después, los empleadores disolvieron dos de sus tres entidades corporativas y crearon nuevas entidades con otra gerencia listada para evitar responsabilidad. En la apelación, un funcionario de audiencias decidió que los dueños y operadores individuales del negocio eran responsables individual y conjuntamente porque causaron o no impidieron las violaciones. La oficina del Fiscal del Condado de Alameda confiscó y está liquidando sus activos para pagar a las víctimas del robo de sueldo.
Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus (AAAJ-ALC) remitió el caso a la Oficina del Comisionado Laboral y representó a los trabajadores que cooperaron en la investigación y presentaron testimonio en la audiencia.
Después de la audiencia de apelación en 2017-2018, las sanciones fueron enmendadas a $2,115,187, incluyendo intereses previos al fallo de $365,541. Se calcula el interés previo al fallo a 10 por ciento al año a partir de la fecha en que los salarios impagos deberían haberse pagado a los trabajadores. Además del salario mínimo, horas extras, primas de periodos para comer y primas de periodos para descansar, los trabajadores tienen derecho a daños liquidados y sanciones de tiempo de espera. Los pagos debidos a los 56 trabajadores varían entre $2,603 y $150,523, con un promedio de $37,246 concedido a cada trabajador.
Las investigaciones de cumplimiento generalmente incluyen una auditoría de las nóminas salariales de los tres años anteriores para determinar las violaciones del salario mínimo y horas extras y otras infracciones de las leyes laborales, y calcular los pagos y sanciones debidos. Las sanciones civiles cobradas son transferidas al Fondo General del Estado, según lo exigido por la ley.
La División de Cumplimiento de Normas Laborales del Departamento de Relaciones Industriales, o la Oficina del Comisionado Laboral de California, combate el robo de sueldo y lleva a cabo inspecciones en el sitio para investigar y hacer cumplir el salario mínimo y otras leyes laborales de California. Sus amplias responsabilidades incluyen el cumplimiento de obras públicas, investigaciones de denuncias de represalias, licencias y registro, así como educación y alcance multilingüe sobre el derecho laboral para trabajadores y empleadores.
En 2014, la Oficina del Comisionado Laboral bajo la dirección de Julie A. Su lanzó la campaña multilingüe de conocimiento público el Robo de sueldo es un crimen. La campaña define el robo de sueldo e informa a los trabajadores sobre sus derechos y los recursos de que disponen para recuperar sueldos impagos o denunciar otras violaciones de las leyes laborales.
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FUENTE California Department of Industrial Relations; California Labor Commissioner’s Office
