NUEVA YORK, 6 de diciembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — A menos de 100 millas de la Florida, en la democracia isleña de las Bahamas, políticos y la policía acosan a ambientalistas accediendo ilegalmente a sus comunicaciones privadas y otra información confidencial y haciéndolas públicas. Y, cuando la Corte Suprema ordenó a varios miembros del gabinete que dejaran de violar los derechos constitucionales de los ecologistas, amenazaron con encarcelar al juez.
Robert F. Kennedy Jr., presidente de Waterkeeper Alliance, expone estos hechos alarmantes en una nueva historia en EcoWatch, uno de los sitios de noticias ambientales más importantes de los Estados Unidos.
¿A qué se debe este ataque a los derechos civiles y al estado de derecho? Como explica Kennedy, algunos funcionarios bahameños están aliados con uno de los promotores inmobiliarios peor regulados de la isla. [Vea la historia completa y un video aquí: http://www.ecowatch.com/bahamas-nygard-bacon-kennedy-2128498516.html]. Destaca que un promotor inmobiliario billonario con buenos contactos que donó millones de dólares a miembros del gobierno de las Bahamas, el fabricante de ropa canadiense Peter Nygard, expandió las edificaciones en su residencia privada rellenando la Bahía Clifton sin permiso del gobierno, lo que provocó daños a su área marina mundialmente famosa.
Poco después de que un tenaz grupo ambientalista, Save the Bays (Salvemos las bahías), demandó a Nygard, policías encubiertos hicieron una redada en la casa de un vecino de Nygard, Louis Bacon, un filántropo cofundador de Save the Bays. En marzo, ministros del gabinete bahameño divulgaron correos electrónicos privados y registros financieros de Save the Bays durante una sesión abierta del parlamento.
En respuesta a una demanda de Save the Bays, la Corte Suprema bahameña falló que los ministros habían violado los derechos constitucionales a la privacidad de los ambientalistas. Pero en lugar de echarse atrás, los ministros redoblaron la apuesta. Apelaron el fallo, con el argumento de que el privilegio parlamentario prevalecía sobre los derechos personales a la privacidad, y que la Corte Suprema no tenía la facultad de hacer cumplir la constitución en contra del parlamento. Los ministros comenzaron un proceso para declarar tanto al abogado de los ambientalistas y como al juez que falló en contra de los ministros en desacato al parlamento.
Los ministros del gabinete favorable al promotor inmobiliario están atentando contra el estado de derecho, pisoteando los derechos a la privacidad y atacando ferozmente a jueces, abogados y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, dice la historia de Kennedy, y agrega: Llegó el momento de que intervengan líderes sensatos en las Bahamas y reparen este fiasco antes de que se haga un daño permanente al medio ambiente natural del país y su reputación internacional de destino escénico y paraíso fiscal seguro.
Contacto: Christine O’Neill en coneill2@law.pace.edu
