Gobernar bajo influencia (GUI): los legisladores de California toman un interés especial en el dinero proveniente del alcohol, eligen las ganancias por encima de la salud y la seguridad públicas

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16 agosto 2021

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SAN RAFAEL, California, 16 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Alcohol Justice, el organismo de control de la industria del alcohol con sede en San Rafael, California y la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) acusan a los legisladores de California de GUI (gobernar bajo influencia) por aceptar dinero de intereses particulares para apoyar la desregulación del alcohol para la «recuperación de la pandemia» beneficiando a los restaurantes y bares.

«Continúa una relación de codependencia entre Big Alcohol y la legislatura de California«, afirmó Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y director general de Alcohol Justice. «En estos últimos meses del periodo se sesiones ordinarias de la legislatura, las empresas de la industrial del alcohol con intereses particulares están ofreciendo dinero a los legisladores para desregular el pago de impuestos. Pedimos a los directores de los comités principales y al gobernador que detengan estos proyectos de ley y antepongan la salud pública al consumo público de alcohol».

La legislación que sigue avanzando con el fin de hacer más permanentes las reducciones reglamentarias temporales relacionadas con la COVID incluye:

El proyecto de ley del Senado 314 (Wiener, D-San Francisco) pretende ampliar y extender los privilegios de licencia temporal para la venta de alcohol para los servicios de catering y permitiría el consumo de alcohol en propiedad pública.

El proyecto de ley del Senado 389 (Dodd, D- Napa, Wiener, D-San Francisco) pretende permitir a los licenciatarios la venta de alcohol fuera de los locales y realizar entregas a los consumidores.

El proyecto de ley de la Asamblea de California 61 (Gabriel, D-Encino, Gipson, D-Carson) pretende extender hasta por dos años servicios relacionados con la pandemia como la expansión de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas y los restaurantes al aire libre en espacios no tradicionales.

Estos proyectos de ley están en vías de ser aprobados y entrarán en vigor de forma inmediata o el 1 de enero de 2022. Algunos tienen vigencia de uno o dos años. No obstante, los defensores de la salud pública y la seguridad del estado temen que la industria continúe empujando a la legislatura por un camino peligroso para reducir permanentemente las regulaciones críticas sobre el alcohol para aumentar las ganancias.

El siguiente gráfico muestra a los autores, y a los principales coautores, de estos proyectos de ley para la «recuperación por la pandemia» y la cantidad estimada de dinero de intereses particulares que cada uno ha informado aceptar (2017-2021 FollowtheMoney.org) proveniente de empresas y asociaciones relacionadas con el alcohol que se beneficiarían de la aprobación de los proyectos de ley.

«Si bien, la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas durante la recuperación económica es importante, es fundamental priorizar la salud pública. Como contribuyente y defensora de la seguridad de la juventud y la comunidad, mis principales preocupaciones radican en la venta de bebidas alcohólicas para llevar y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para los consumidores», sostuvo Jeanne Shimatsu, vocera de AADAP, Inc. (Programa de control del abuso de drogas para asiáticoamericanos) y representante de la CAPA en Los Ángeles. «Los cócteles con alcohol no son un alimento o una bebida esencial, y permitir las «bebidas alcohólicas para llevar» en envases fáciles de manipular dentro de un vehículo es abrir la puerta para que los jóvenes accedan a ellas y las consuman. Lo que es más importante, contribuye a los peligros de «beber mientras conduce» para todos; aquellos en el vehículo, en la carretera y en la calle, cuestan vidas, cuestan a las ciudades, y la lista continúa.»

La glorificación y la promoción del consumo público de bebidas alcohólicas implícitas en estos proyectos de ley beneficiarán a los empresarios a expensas del público. Ampliar y extender la venta y el consumo de alcohol en aceras, callejones, estacionamientos y «parklets» públicos, junto con el suministro permanente de alcohol para los licenciatarios en venta, no son buenas políticas de salud pública.

«La expansión del servicio de bebidas alcohólicas al aire libre, bebidas alcohólicas para llevar y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas sin regulación se añadirán al aumento del consumo de alcohol y al estrés causado por la pandemia y conducirán a más problemas de salud mental, incluidos los suicidios», señaló Maribel Briseño, representante de CAPA (Palmdale). «La salud pública y la seguridad están en peligro. En lugar de salvar a las empresas (entre las que además hay grandes cadenas corporativas y no solo negocios pequeños) el gobierno estatal debería enfocarse en salvar las vidas de las personas».

Los defensores de la salud pública están preocupados porque las entregas de alcohol a los clientes, especialmente a través de servicios de entrega de terceros, carecen de regulación desde el punto de venta hasta la entrega a un domicilio donde no existe un control formal de la edad legal para verificar que un adulto sobrio es quien compra y recibe el pedido de alcohol. Además, la legislatura está ignorando el riesgo que supone para la seguridad pública seguir permitiendo que las calles y las aceras se abarroten de restaurantes y cafeterías al aire libre.

«Permitir que los negocios sigan instalando mesas en el exterior infringe los derechos de las personas con discapacidades y de los peatones», añadió Briseño.«Se pone en peligro la seguridad de las personas al obligarlas a transitar por la calle porque las mesas obstruyen su camino en las aceras públicas. Esto es una violación a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). No deberíamos comprometer el derecho de paso de los ciudadanos».

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han estimado que en California se producen anualmente 10,500 muertes y 165,000 hospitalizaciones relacionadas con el alcohol, un gasto de $14,500 millones en costos para el gobierno y $35,000 millones en daños económicos totales relacionados. «En el afán por regresar a la normalidad económica, no podemos pasar por alto el sentido común para ganar unos pocos centavos más, especialmente cuando el costo es en vidas humanas», agregó Shimatsu.

Alcohol Justice y CAPA consideran que la reducción de daños debe ser la preocupación principal de la legislatura, no una recuperación económica mal dirigida e influenciada por la industria que promueve el consumo público al aire libre de productos que causan tanto dolor, sufrimiento y muerte en las comunidades de California.

Se exhorta al público a tomar acciones para informar al gobernador y a sus líderes electos que la salud pública es más importante para la recuperación del estado que el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Haga clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3oFz1uo o envíe un mensaje de texto con la palabra PUBLICHEALTH al 313131 para oponerse a estos proyectos de ley.

Contacto: Michael J. Scippa 415 548-0492
Jorge Castillo 213 840-3336