WASHINGTON, 27 de enero de 2015 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Las limitaciones presupuestarias han impedido a la Administración del Seguro Social (SSA) llevar a cabo las revisiones programadas de salud y capacidad para trabajar de aquellas personas que reciben beneficios de discapacidad. Esas revisiones producen ahorros muchos mayores que sus costos. De acuerdo con una estimación, si la SSA hubiera gastado de $1.1 a $1.3 mil millones al año en dichas revisiones, podría haber reducido el gasto federal en hasta $42.8 mil millones. La agencia actualmente tiene un retraso con respecto a la programación de revisiones, que se eleva a 1.3 millones.

La SSA supervisa dos programas de discapacidad. El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) está disponible a trabajadores calificados que tengan una discapacidad que les impide dedicarse a una actividad sustancial y lucrativa que se espera tenga duración de por lo menos un año, o que les pueda resultar en la muerte. El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) cubre a personas con discapacidades parecidas pero cuyos ingresos son bajos y no tienen muchos activos. En este momento, cualquier ahorro que pudiese ser obtenido para el SSDI guarda un interés especial, ya que, según estimaciones, el Fondo Fiduciario del SSDI, financiado con impuesto salarial, se agotará a finales de 2016. Sin acción del Congreso, casi 9 millones de beneficiarios del SSDI sufrirán un recorte de beneficios del 19.1 por ciento.

El Consejo Asesor del Seguro Social convocó a un Panel de Políticas de Discapacidad para examinar si la SSA podría mejorar las continuas revisiones de discapacidad. El grupo incluyó a expertos en economía, derecho, política de discapacidad, rehabilitación profesional, y discapacidad.  

El panel le formuló cinco recomendaciones al Congreso y la SSA para expandir y mejorar las revisiones de casos:

1) El Congreso debería asignar fondos para eliminar el retraso en revisiones de discapacidad y asegurar que el futuro financiamiento optimice los ahorros al Fondo Fiduciario del SSDI y Hacienda

Con la llegada de muchos baby boomers a edad máxima de inicio de discapacidades, el volumen de trabajo de discapacidad de la SSA ha estallado. Los presupuestos administrativos no han ido a la par con los aumentos en el volumen de trabajo. Con ello, la SSA se vio forzada a reducir el número de revisiones médicas. Actualmente, la SSA ha acumulado más de 1.3 millones de reclamos que requieren revisiones. Este trabajo atrasado impide a la SSA adoptar medidas oportunas para discontinuar los pagos a beneficiaros cuyas condiciones médicas se hayan mejorado y que puedan volver al trabajo. Puesto que los beneficiarios del SSDI reciben Medicare y los beneficiarios de SSI reciben Medicaid, el costo al gobierno federal se ha empeorado.

2) El Congreso debería mantener el actual estándar de revisiones médicas y proporcionar formación para garantizar la aplicación coherente

La SSA debe terminar beneficios de discapacidad de confirmarse que las mejoras médicas les permiten a los beneficiarios reanudarse en su trabajo a tiempo completo. Los beneficios también pueden terminarse en casos que impliquen fraude, falta de cooperación, y errores en la prestación original. Los examinadores de discapacidad no reciben formación adecuada en la aplicación de estas excepciones, y la terminación de beneficios basado en excepciones es revertida a un elevado porcentaje bajo apelación. La SSA debería evaluar y actualizar los estándares de revisión médica y mejorar la formación de empleados. 

3) La SSA debe proporcionar más recursos para la revisión de decisiones de discapacidad y la investigación en equipo del fraude

La financiación para la detección del fraude debería aumentar. La SSA ha adoptado algunas medidas en este sentido. Ha aumentado las revisiones de decisiones por jueces de derecho administrativo cuyo número de concesiones de beneficios ha sido excepcionalmente elevado.  Deben de realizarse más revisiones de este tipo.  Habrá que contratar más personal para investigar el fraude. Los investigadores de discapacidad produjeron $340 millones en ahorros estimados en el año fiscal 2013 en programas de discapacidad de la SSA, y más de $2.8 mil millones desde su creación en 1997. La SSA trabaja en el aumento del número de unidades de investigación y el Congreso debería de proporcionarle a la SSA los recursos correspondientes.

4) El Congreso debería expandir programas que ayuden a los beneficiarios de discapacidad a volver a trabajar

En principio, los beneficiarios de discapacidad cuyas prestaciones han sido terminadas porque su condición médica ha mejorado, deberían sentirse incentivados a buscar empleo. Pero las personas que no han trabajado desde hace tiempo tienden a perder la capacidad de trabajar, aun cuando su condición médica haya mejorado. El Congreso debería extender, a partir de la terminación y por un periodo de un año, los servicios de apoyo al empleo para que la rehabilitación profesional estatal o los servicios de la red de empleo estén disponibles.

5) La SSA debería modificar sus programas de discapacidad para niños y jóvenes a fin de crear una expectativa del trabajo como adultos y ofrecer más componentes de apoyo al empleo

Ayudar a las personas a encontrar empleo es especialmente importante para los beneficiarios de SSI próximos a cumplir los 18 años, edad en que serán evaluados basado en los estándares de discapacidad para adultos. La provisión de formación y asesoría puede determinar si estos beneficiaros logran la autosuficiencia o siguen recibiendo apoyo del gobierno. La SSA debe comunicar expectativas de independencia a aquellos jóvenes beneficiarios cuya mejora médica se espere o que sea posible. Como se recomendaba para adultos, el Congreso debería prorrogar por un año los servicios de apoyo de empleo para los jóvenes cuyos beneficios se hayan cesado. 

Si bien las recomendaciones provienen del panel, el Consejo estima que este esfuerzo ofrece análisis y discusión informados de un complejo proceso de revisión. Según el presidente del Consejo Henry Aaron,

«El análisis y las recomendaciones de este panel merecen la más seria consideración por el Congreso, por la Administración del Seguro Social, y por quienes se preocupan por la integridad del programa de Seguro de Discapacidad».

El Consejo Asesor del Seguro Social es una entidad establecida por estatuto para asesorar al Presidente, al Congreso y al Comisionado del Seguro Social en cuestiones relacionadas con los sistemas de jubilación y discapacidad de la nación. Su mandato también incluye aumentar el conocimiento del público del sistema de Seguro Social. Los miembros del Consejo son nombrados de forma bipartidista por el Presidente, el Senado, y la Cámara de Representantes. 

El informe completo está disponible en el sitio web del Consejo.