CHICAGO, 12 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — En busca de justicia para su hijo y con la esperanza de que los oficiales locales sean responsabilizados para prevenir futuras tragedias, Miguelina Peña entabló una demanda en la corte federal este lunes, nombrando al oficial de policía que le disparó a su hijo, al exjefe de policía, a la ciudad y al condado como acusados.
El hijo de la señora Peña, Ricardo Muñoz, 27, recibió un disparo fatal luego de que su familia contactara a la policía en busca de ayuda durante un episodio de salud mental el año pasado. El señor Muñoz, previamente diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar a comienzos de sus 20, era conocido en el departamento de policía local, al que la familia solía acudir por ayuda en situaciones similares.
El 13 de septiembre, la familia del señor Muñoz había llamado nuevamente a la línea directa de intervención de crisis, cuando Ricardo se agitó y comenzó a experimentar un episodio psicótico. Siguiendo las instrucciones del operador de intervención de crisis, la familia llamó a la línea policial local de no-emergencias para pedir ayuda, así como también al 911.
La policía local envió al oficial Karson Arnold a la residencia de la familia Muñoz. A minutos de la llegada del oficial Arnold, Ricardo Muñoz estaba muerto: herido de bala múltiples veces por el oficial en frente de su hogar, ante la vista horrorizada de su madre, la señora Peña.
Los abogados Steven Levin, Daisy Ayllon y Julie Murphy de Levin & Perconti en Chicago están representando a la familia Muñoz, junto con los abogados Michael Perna y Ryan Borchik de Perna & Abracht en el condado de Chester, Pensilvania.
La demanda, que surge a raíz de la decisión de los oficiales locales de no presentar cargos en contra del oficial Arnold en este respecto, señala que la ciudad y el condado no cuentan con procedimientos adecuados para atender personas que enfrentan crisis mentales y que el oficial no hizo ningún intento de contener la situación o de utilizar medios menos letales para brindarle seguridad al señor Muñoz.
«La muerte de Ricardo fue, en el mejor de los casos, el resultado predecible de un trabajo policial insensato y torpe, y devastadoramente evitable. En el peor de los casos, fue el resultado directo del cínico e insensible desprecio por el bienestar de uno de los hijos menos afortunados de la sociedad», afirmó el abogado Michael Perna.
Citando las deficientes políticas de la ciudad en materia de supervisión y entrenamiento policial, la abogada Daisy Ayllon añadió: «Finalmente, la demanda por la causa de Ricardo es acerca de una reforma a la salud mental, de la responsabilidad policial al atender personas que tienen desórdenes mentales que no han cometido crimen alguno y de la prevención de tragedias similares como resultado directo de una intervención policial dura y sin entrenamiento para ello».
«Hay ocasiones en que una comunidad debe ver más allá de sí misma para obtener justicia, y para eso es que existen las cortes federales. Pretendemos mostrar las deficiencias del sistema a la hora de responder a estas llamadas de ayuda», señaló la abogada Julie Murphy.
En diciembre, el senador estadounidense Bob Casey (D-PA) introdujo dos proyectos que buscan reformar la manera en que la policía responde a nivel nacional a las personas con problemas de salud mental y otras discapacidades. Al mencionar la iniciativa legislativa, Casey se refirió al caso de Muñoz y a otros dos tiroteos policiales a hombres con desórdenes mentales en Pensilvania. En Filadelfia, tras el tiroteo policial de octubre a Walter Wallace, quien sufría de problemas mentales igual que Muñoz, hubo días de manifestaciones que incluyeron algunas protestas con episodios de violencia.
«Para su asombroso crédito, en vez de desahogar su rabia en los momentos de angustia, la familia de Ricardo evitó activamente la violencia tras su muerte, lo que le evitó a la ciudad de Lancaster una mayor tragedia», comentó el abogado Ryan Borchik.
La demanda de la familia Muñoz busca indemnización por daños y perjuicios a causa del dolor y sufrimiento de Ricardo, incluida la privación de atención médica tras el disparo, además de su injusta muerte y el daño emocional provocado a su madre al presenciar su asesinato y las lesiones físicas que sufrió al ser forzada contra el vehículo policial tras el tiro fatal a su hijo.
«La familia de Ricardo primero acudió a un centro local de apoyo a las crisis en busca de ayuda para su bien documentada condición mental, pero en vez de que llegara esa ayuda, llegó la policía y en cuestión de minutos habían dado muerte a su hijo y hermano. Luego, la familia acudió a la fuerza de orden local en busca de transparencia y responsabilidad, pero en vez de eso encontró una respuesta condescendiente de parte del fiscal del distrito y nada de transparencia. Ahora buscan justicia en la corte federal», dijo Steven Levin.
Levin & Perconti es una firma de abogados reconocida a nivel nacional que se enfoca en todo tipo de daños personales, malas prácticas médicas y litigios de homicidio culposo. Los abogados de Levin & Perconti están comprometidos con la protección y vindicación de los derechos de las personas que han sido lastimadas por negligencia de otras. Por favor, comuníquese con la firma llamando al (312) 332-2872 o visite el sitio www.levinperconti.com para obtener más información.
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FUENTE Levin & Perconti
